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La palabra imbécil tiene dos sencillas acepciones, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. La primera es “Alelado, escaso de razón”; la segunda es flaco y débil. Respecto de esta primera acepción y, posiblemente, de la segunda también, es que se nutren las teorías que sostienen la posible existencia de una imbecibilidad latinoamericana. Hasta ahora, libros como los alusivos al idiota latinoamericano, solamente han abordado una de nuestras taras o imbecibilidades: la fantasía totalitaria con sabor a Lenin tropical (léase Hugo Chávez). Sin embargo, existe una imbecibilidad mayor, y me atreveré a decir, más dañina: es la del delincuente mal disfrazado de demócrata.

Canchayas, Mencholas, Fujimoris, Rafos, y demás otorongos de estas y otras legislaturas y reinados, son la peor lacra, tara e idiotez latinoamericana, porque son el fundamento, causa o caldo en el que se reproducen y supuran los Hugo Chávez, los Evos y los Humalas. No hay que ser un analista genial para notar que la gente que se alinea detrás de los autócratas, coinciden en su desencanto y desconfianza hacia nuestras democracias de juguete. Hace poco un joven Venezolano exponía en mi blog una larga defensa de Hugo Chávez, en la que como en todas las demás, se percibe la crítica, tal vez bien merecida, a los anteriores y demócratas políticos venezolanos.

He sido ingenuo, debo confesarlo: la eliminación de Canchayas y Mencholas me había hecho creer que estábamos cambiando… otra esperanza destrozada: la reciente elección del Tribunal Constitucional me ha demostrado, una vez más y por enésima vez, que seguimos siendo una república que sólo puede ser descrita a través de expresiones cambrónicas. La destitución de Ríos, y la anulación de las designaciones no servirá, esta vez, para devolvernos la fe, ya que puede ser interpretado como un retroceso de tigre: un paso atrás para saltar luego, más lejos, hacia la corrupción.

El cuadro resultante es impresentable; los congresistas se pusieron de acuerdo para “elegir” un Tribunal Constitucional a su medida; NO CON JURISTAS de gran capacidad, honestidad e imparcialidad; sino con abogados súbditos fieles a los intereses políticos de cada partido… ¿por qué? La respuesta es obvia: para asegurarse el favor del tribunal más importante del Estado. Un tribunal tan importante que, bajo el pretexto de una acción de amparo contra resoluciones judiciales (la que es posible plantear según nuestras normas) podría, incluso, tener injerencia en un eventual proceso penal contra el mismo Fujimori.

Lo que más mortifica es este dilema muy sencillo: ¿Porqué los partidos con representación en el congreso tendrían que asegurarse el control del Tribunal Constitucional?

Alternativa 1.- Nuestros políticos quieren asegurar la “simpatía” del Poder Judicial para lograr algún nivel de impunidad por la comisión de actos ilícitos.

Alternativa 2.- Nuestros políticos quieren actuar decentemente, honestamente y patrióticamente, pero necesitan asegurar “la simpatía” del Tribunal Constitucional, porque no confían en el sistema judicial.

Si la causa verdadera es la primera alternativa; el que se haya hecho público el almuerzo con Mantilla (quien no necesita este paréntesis), Javier Ríos (el elegido para el Tribunal Constitucional), Oscar López (íntimo de Montesinos) y demás conspiradores no cambia las cosas. Porque la voluntad de nuestros políticos está enfocada en la realización del crimen sin castigo, y volverán a intentarlo poniendo esta vez más cuidado.

Si la causa verdadera es la segunda alternativa; la cuestión es todavía peor: si ellos que están en la cúspide del poder del Estado no tienen confianza en el sistema judicial, de tal modo que tienen la necesidad de poner a sus títeres como jueces, me pregunto ¿qué se espera del ciudadano común? ¿Del que no tiene un tío juez, un padrino alcalde o un “compañero” vocal? No resulta tan descabellado que haya venezolanos defendiendo a Hugo Chávez y que hayan habido tantos peruanos interesados en votar por un Humala.

Roberto Pável
Jáuregui Zavaleta

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