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Informa la BBC:

“Un juez federal de Estados Unidos declaró como anticonstitucional una dura ordenanza contra los inmigrantes indocumentados aprobada hace un año en Hazelton, Pensilvania.
Según la llamada “Ley de Alivio por la Inmigración Ilegal”, aquellos negocios que emplearan a trabajadores ilegales verían suspendidas sus licencias de operación.
Asimismo, quienes les alquilaran viviendas recibirían fuertes sanciones monetarias.
En un dictamen de 206 páginas, el juez James Munley aseveró que la ley negaba los derechos constitucionales que se debían garantizar a cualquier persona en Estados Unidos, fuese residente legal o no.”
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Aquí una perla de un sistema político liberal. El gobierno da las leyes que estime conveniente, y la ciudadanía puede objetarlas ante un tribunal; puede haber desacuerdo pero no hay necesidad de tomar un aeropuerto e incendiarlo. Además hay que tener en cuenta que la constitución norteamericana solamente tiene menos de 20° artículos pero son suficientes para garantizar las libertades ciudadanas.

El tema de fondo es lo apasionante. ¿La condición de residir en un país extranjero sin permiso, suprime los derechos de la persona? Usualmente las constituciones tienen declaraciones de derechos que se prescriben para toda persona (no solamente a los ciudadanos); lo contrario implicaría volver a las antiguas concepciones jurídicas en las que se sancionaba con la muerte el homicidio de un nacional y con multa el homicidio de un extranjero.

Roberto Pável
Jáuregui Zavaleta