Leía esta mañana la columna de Pedro Medellín Torres en El Tiempo, en ese artículo analiza “el escaso reconocimiento internacional del mérito obtenido por el presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, por la “liberación de Íngrid Betancourt y otros 14 secuestrados por las Farc”, a raíz de un artículo reciente de Mario Vargas Llosa. El autor observa dos comportamientos respecto a Uribe. En primer lugar está el comportamiento de la comunidad internacional que decide tomar distancia discreta debido a una serie de hechos que podrían poner entre comillas la vocación democrática del uso del poder por parte del presidente colombiano:



A primera vista, esa reacción se explicaría por la visibilidad que internacionalmente han recibido las pugnas del Presidente con las Cortes, los vínculos de una gran parte de miembros de la coalición de gobierno con el paramilitarismo, la condena a una ex congresista por haber aceptado prebendas a cambio de su voto de aprobación a la reelección presidencial inmediata y, sobre todo, la intención de Uribe de volver a cambiar la Constitución para hacerse reelegir por segunda vez. Cada hecho ha terminado por sembrar grandes dudas sobre el carácter democrático que tiene su tarea pacificadora.


Ya nadie se atreve a afirmar, como sí lo hace Vargas Llosa en su reclamo, que la lucha del Presidente colombiano contra el terrorismo se haya llevado a cabo “sin menoscabar la libertad de prensa, la independencia del poder judicial, la oposición parlamentaria y extraparlamentaria”. Por el contrario, la tendencia del Gobierno colombiano a eludir ciertas reglas del juego político e institucional parece haber convencido a la comunidad internacional de que el empeño de Uribe por limitar los poderes de la justicia, subordinar al Congreso y estigmatizar a la oposición se ha llevado a cabo sin quebrantar su propósito de combatir a las Farc, que se ha convertido en el argumento que justifica su propósito de mantenerse en el poder.

En segundo lugar está el comportamiento de la sociedad colombiana que ha respaldado a su presidente, cansada del tormento de tantos años de violencia y que asume que cualquier oposición al presidente de Colombia en cuanto a sus políticas e intenciones de concentración de poder, es al fin y al cabo, un gesto de oposición a los intereses de la ciudadanía.

Es el régimen en el que el Presidente, más que representar la unidad de la Nación, encarna la unidad de todo lo que desean los ciudadanos, de manera que, todo lo que hagan sus opositores será interpretado como un intento por ir en contra de él y, por tanto, irá en contra de los ciudadanos.

Si hay algo que he aprendido de la historia, es que el enfrentarse a un monstruo puede ser terriblemente peligroso, no porque el monstruo pueda destruirnos sino porque al vencerlo podríamos convertirnos en su sustituto, una versión mejorada y más terrible del anterior terror. Lord Acton decía “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely” (El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente), las evidencias empíricas e históricas de este principio son tan amplias y contundentes que el gobernante que no establece limitaciones a su propio poder no solamente actúa con temeridad hacia su pueblo sino que está poniendo en peligro su propia constitución moral.

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